20:00 NACIONAL
‘‘Es una gran victoria porque cierra 11 años de injusticia’’, declaran las tres indígenas hñähñú, que reclaman: “La detención injusta nos cambió la vida y también a nuestras familias, seguiremos luchando hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Ciudad de México, febrero 22 de 2017 (COMUNICA).- El procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, (PGR) ofreció una disculpa pública a las tres indígenas injustamente detenidas, procesadas y sentenciadas a 21 años de cárcel y una multa de 2 mil días de salario mínimo, un equivalente a 90 mil pesos de, y que pasaron indebidamente años en prisión al ser acusadas de haber privado de la libertad a seis agentes federales.

Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial, otra de las detenidas, expresó: ‘‘No basta la reparación del daño para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas; ¿quién va a devolver la vida de mi hermano José Luis, quien no pudo estar tres años sin su mamá?’’

Y prosiguió Estela frente al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, integrantes de organizaciones civiles y autoridades federales “las mujeres indígenas y víctimas de alguna injusticia no deben quedarse calladas: ‘‘Luchen por que se les devuelva su dignidad’’.

En la sala Jaime Torres Bodet, del Museo de Antropología e Historia, exigió al procurador que ‘‘ya no se fabriquen pruebas y no se envíe a prisión a personas inocentes. (el encarcelamiento) y la disculpa es (consecuencia) de funcionarios mediocres, corruptos, que plantaron el delito de secuestro y dijeron que Jacinta era delincuente; la evidenciaron en medios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal y la investigaron los mismos policías que la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor’’.

La hija de Jacinta, consideró vergonzoso y lamentable que la PGR no reconociera por su propia voluntad el error cometido, y que para ello hubiera tardado tres años después de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia de exoneración y disculpa pública.

La profesora y joven hija, avaló la lucha de todos aquellos defensores de los derechos humanos: ‘‘A los maestros perseguidos, encarcelados, aterrorizados y que luchan en favor de los derechos humanos, quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado asumimos el dolor, vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra”.

Alberta Alcántara Juan, otra de las indígenas detenidas por el mismo supuesto de  secuestrar a los agentes federales en hechos ocurridos en 2006, en el pueblo de Santiago Mexquititlán, Querétaro, manifestó ardientemente las humillaciones de que fue objeto ‘‘por ser pobre e indígena’’. Narró cómo “durante 11 años tocaron muchas puertas y que en los primeros dos años de encarcelamiento nadie nos hizo caso ni tomó en cuenta que las acusaciones en su contra se habían fabricado”.

Por su parte, Jacinta Francisco Marcial, declaró que los tres años que vivió en prisión nunca le serán devueltos y demandó enfáticamente a la PGR la revisión de todos los expedientes de los indígenas presos “no esperen hasta que alguno de sus familiares fallezca… sólo estaré contenta cuando se acabe la injusticia y se respete a los indígenas’’.

Cervantes Andrade por su parte y en nombre del gobierno federal y de la PGR, expresó durante la ceremonia que las indígenas ‘‘Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por justicia y por derecho les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país ‘‘sus casos rebasaron la esfera personal por tratarse de bienes que, como Estado democrático constitucional, nos interesa preservar, como es el debido proceso. Tal como señaló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Procuraduría General de la República contravino en el pasado el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida”.

‘‘Dicho órgano jurisdiccional determinó que ustedes tuvieron la razón. Que la procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral. Por tanto, resulta un deber ineludible en términos constitucionales y de las sentencias emitidas con motivo de la negativa de indemnización solicitada, cuyo cumplimiento nos reúne en este momento, reparar el daño moral causado en relación con la difusión que en su momento se diera a través de los medios informativos, del señalamiento de responsabilidad de los delitos que les fueron indebidamente imputados por la autoridad’’.

El procurador reconoció que ‘‘la PGR incurrió en una actividad indebida y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes. Sirva este acto para ofrecerles públicamente una disculpa en español y en hñähñú, como medio de reparación del daño, en cumplimiento de las sentencias dictadas el 20 de noviembre de 2013 por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A ustedes: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, les reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma incorrecta fueron privadas de su libertad’’.

AA