REPORTAJE ESPECIAL
Los altos índices de corrupción al interior de los poderes políticos, el crimen organizado, las desapariciones forzadas y un enorme número de delitos no investigados ni castigados, son los principales factores que agigantan la impunidad en nuestro país.
Redacción Comunica, Febrero 2016.- En México, 13 estados son los más impunes, según el Índice de Impunidad Estatal (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UdlaP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ). Por entidades federativas, el IGI-MEX clasificó los grados de impunidad en baja, media, alta, muy alta y atípica.
En el grupo de impunidad muy alta, están ubicadas 13 entidades federativas: Baja California Sur con 70.74 puntos, Oaxaca 71.63, Nuevo León 71.63, Querétaro 72.24, Veracruz 72.38, Yucatán 72.80, Coahuila 72.93, Guerrero 73.19, Tamaulipas 73.38, Durango 73.97, Baja California 74.42, Estado de México 76.48, y Quintana Roo 76.61.
Le siguen 11 estados que conforman el grupo de impunidad alta: Guanajuato con 65.15 puntos, Zacatecas 66, Colima 67.01, Jalisco 67.45, Tlaxcala 67.69, Hidalgo 67.90, Aguascalientes 68.37, Tabasco 69.10, Puebla 69.19, Sinaloa 69.34, y Morelos 69.37.
Asimismo, el IGI-MEX señala que entidades y el Distrito Federal tienen grado de impunidad media: San Luis Potosí 56.86, Distrito Federal 56.97, Sonora 58.41, Chihuahua 59.94, y Chiapas 59.96.
Mientras que con grado de impunidad baja solo existen dos estados: Campeche con 47.22 puntos y Nayarit con 50.42.
Michoacán es la única entidad que se ubica con impunidad atípica, ya que el IGI-MEX tomó en cuenta la violencia, delincuencia organizada y restructuración que ha sufrido los últimos años, por lo que el indicador obtenido no refleja suficientes niveles de confianza con la realidad del estado.
De igual forma, la situación de esta entidad puede variar significativamente al incorporar la dimensión de los derechos humanos.
Cabe señalar que el resultado obtenido para el ámbito nacional alcanza un índice de 67.42, nivel muy aproximado al obtenido en el Índice Global de Impunidad 2015, donde México alcanzó un índice de 75.7.
La principal diferencia entre estas dos mediciones radica en que en el IGI-MEX no se está incorporando la dimensión de Derechos Humanos.
Por otra parte, cada entidad federativa muestra muy poca variabilidad en los niveles de impunidad, lo que indica que este problema se ha generalizado en todo el país.
El estudio menciona que la distancia entre el menor grado de impunidad (Campeche con 47.22) y el grado más alto (Quintana Roo con 76.61) es de 29.39. También que 30 entidades se encuentran a una distancia de sólo 17.75 puntos y que 24 entidades se ubican a una distancia de 10 puntos hacia el caso peor evaluado (Quintana Roo con 76.61). De igual forma, la distancia de Quintana Roo hacia el promedio nacional es solo de 9.19.
Los especialistas no hallaron alguna correlación significativa entre el IGI-MEX y niveles de pobreza, producto interno bruto y desigualdad en México, lo que significa que sin importar cuáles son las condiciones sociales o económicas, la impunidad existe.
Sin embargo, hay una correlación positiva y significativa con el presupuesto en procuradurías per cápita, es decir, que un incremento en el presupuesto en procuradurías se traduce en una disminución en el índice de impunidad.
Asimismo, el aumento en el presupuesto de procuradurías por delito consumado registrado en averiguaciones previas y en el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia por causa penal abierta, se traducen en decrementos en el valor de IGI-MEX, aunque la magnitud es mayor en el caso del presupuesto asignado a las procuradurías.
“Esto no significa que aumentar el presupuesto indiscriminadamente disminuirá la impunidad, hace falta analizar otros factores. Sin embargo, con un nivel de ajuste alto, podemos afirmar que aquellas entidades federativas que tienen un mayor presupuesto per cápita, por delito y causa penal, tienen un índice menor de impunidad”, cita el informe.
Impunidad y pérdidas económicas
Por otra parte, según el Semáforo Económico Nacional del observatorio México ¿Cómo vamos?, a finales de 2014, la corrupción en México, como efecto de la impunidad, generó una pérdida de inversión de 2 mil millones de pesos del sector privado y 1 mil millones de dólares más por inversión extranjera directa.
En este aspecto, especialistas del Semáforo Económico recalcan que las empresas percibirán un mejor ambiente de negocios cuando México resuelva el tema de la impunidad. “La incertidumbre de no saber cuándo su demanda va o no a prosperar es lo peor que le puede pasar a una empresa”, señala.
Por último, la última Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que los mexicanos perciben a la impunidad como uno de los diez problemas más importantes que aquejan a la entidad en la que viven.