REPORTAJE ESPECIAL
En este 2016 se cumple el plazo para que se ponga en marcha el nuevo sistema penal en todo México; sin embargo, con un avance de sólo 60%, las entidades federativas deberán concluirlo con el recorte más agudo que se ha aprobado en los últimos tres años y los recursos no se entregarán en automático, cada estado deberá cumplir con una serie de requisitos que justifiquen el que se les otorguen.

Redacción Comunica.- En este 2016 se cumple el plazo para que se ponga en marcha el nuevo sistema penal en México, sin embargo, las entidades deberán hacerlo con un recorte de 275 millones de pesos al subsidio federal, quedando en 663 millones de pesos, monto fijado para su implementación y difusión.
 
Dicha cantidad es la más reducida que se ha aprobado en los últimos tres años. En 2014 fue de 976 millones de pesos, mientras que en 2015 fue de casi 934 millones de pesos.
Los recursos son para la adquisición de infraestructura necesaria, capacitación de servidores públicos responsables de operar el nuevo sistema y su difusión a la población.

Cinco entidades concentrarán la cuarta parte total del subsidio para el próximo año. Se trata del Estado de México (40 millones 271 mil pesos), Distrito Federal (30 millones y medio de pesos), Baja California, Puebla y Jalisco (entre 25 y 26 millones de pesos).

En el Estado de México opera de forma total el nuevo sistema y es la que recibirá la mayor cantidad de subsidio.

Los estados que recibirán un menor subsidio son Colima, Aguascalientes, Nayarit, Baja California Sur y Querétaro. En ninguno de ellos funciona de forma total el sistema penal.

Los 663 millones del subsidio no se entregarán en automático, cada entidad federativa deberá cumplir con una serie de requisitos y delimitaciones que justifiquen el que se les otorguen estos recursos.

La distribución contempla que cada estado deberá presentar al Comité de Subsidios sus proyectos de inversión. Aunque se podrán destinar recursos para la adquisición de equipos, el acuerdo explícitamente señala que no se podrá destinar dinero a la compra de cafeteras, despachadores de agua, hornos de microondas, cocinas integrales, camas, literas, botes de basura, percheros, equipo de seguridad, accesorios para baño, entre otros.

Las solicitudes para los recursos deberán presentarse antes del 18 de enero del 2016 y su aprobación dependerá del  análisis que lleve a cabo el Comité de Subsidios.


Plazo

El 19 de junio de 2016 se acabará el plazo para que comience a funcionar el nuevo sistema de justicia penal, denominado sistema penal acusatorio, a nivel estatal y federal.

Este sistema se diferencia del actual por ser esencialmente oral en todo el proceso, desde las audiencias previas hasta los juicios, por privilegiar el principio de presunción de inocencia, impulsar medidas de solución alternativas a los conflictos, y tener pilares como la transparencia y la publicidad de todos los procedimientos.

Sin embargo, a menos de 180 días para que concluya el plazo de implementación de la reforma, el avance es de aproximadamente 60%.

Todas las entidades adecuaron ya su normatividad y aplican los principios del nuevo sistema penal; pero solamente seis de ellas ya lo hacen al 100%: Chihuahua, Morelos, Estado de México, Durango, Yucatán y Nuevo León. El resto de los estados solo aplican el sistema de forma parcial.


Resultados

De acuerdo con la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal, la operación del mismo ya ha dado algunos resultados. En las entidades donde ya funciona, los procedimientos se han acortado de 180 a 96 días, es decir casi la mitad del tiempo.

Durante 2014, 120 mil casos fueron resueltos a través de los denominados Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Estos mecanismos permiten que las partes acuerden una sanción y reparación del daño sin la necesidad de llegar al juicio oral y hace que el proceso dure 30 días menos.

Otra ventaja son los costos. En el actual sistema penal mixto, la fase de la averiguación previa tiene un costo promedio de más de 15 mil pesos  para las fiscalías, mientras que el nuevo sistema y con las soluciones alternas, la inversión es de solo mil 500 pesos aproximadamente.

Asimismo, el nuevo sistema penal contempla medidas preventivas que no implican obligatoriamente ir a prisión, con esto se evitó en el 2013 que 15 mil personas ingresaran a los reclusorios.