Se atrevieron a hacer “lo que nunca se había hecho” tal y como se pregona en este sexenio. Como fichas de dominó debemos ver caer a todos los funcionarios corruptos, no sólo del sexenio anterior, sino de todos los anteriores. La cacería de corruptos en todos los niveles de gobierno debe ser una práctica constante en México donde la impunidad alcanza la escandalosa cifra del 99% según el Índice Global de Impunidad, y debe ser la tarea principal de la Contraloría de un estado como Campeche, donde la Sedesol reporta que el 11% de la población se encuentra en “pobreza extrema”, o lo que es lo mismo, en la “indigencia” de acuerdo a la definición de la ONU.

Es impostergable castigar a quienes el gobierno contrata para dedicarse a la noble tarea de mejorar las condiciones de vida de los campechanos pero se dedican a burlarse de la sociedad incrementando ilegalmente su cuenta bancaria. Es imperdonable mantener en la impunidad a quienes han permitido que más de 90 mil campechanos permanezcan en la indigencia, sin tener acceso a una alimentación básica, agua potable, protección de la salud, hogar, educación, sanidad y acceso a la información. Millones de millones de pesos son otorgados cada año para combatir estas carencias que, a su vez, año con año no se reflejan en el incremento del bienestar de la sociedad mexicana. La impunidad alimenta la corrupción y es el camino directo a la inseguridad y la violencia.

Si queremos ser un Estado Modelo, o por lo menos, una Ciudad Sustentable como se esta proyectando, debemos tener una sociedad activa que abra los ojos al análisis de las políticas públicas desde la base del concepto de justicia social y que exija a la autoridades acabar con la “ceguera consiente y colectiva” por medio del castigo efectivo a los abusos cometidos por la impunidad. Eso realmente nos convertiría en “Ejemplo” y no en un triste caso más de ingenuidad política.